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Diez tópicos malintencionados en Sanidad

Argumentos para un debate informado
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Madrid
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15 mar 2019 - 15:33 h
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LA FICHA: Dos economistas recopilan los 40 principales argumentos para un debate informado en Sanidad El listado incluye tres categorías de medias verdades o falsedades: clásicas, ligeras y manipuladoras

Tenían la idea de presentar un decálogo de tópicos de dudosa virtud en Economía de la Salud y a los economistas Guillem López i Casasnovas y Ricard Meneu les salieron nada menos que 40. Esas medias verdades o falsedades sobre las virtudes y defectos de las reformas sanitarias responden al registro de muchos años de lectura de los análisis de economía de la salud que más han incidido en la política sanitaria de modo sesgado y equívoco. Algunas, añaden los autores, campan por el debate sanitario “con un vigor inverso a su antigüedad”. Han sido identificadas en tres categorías: C (clásicas), L (ligeras, por venir de quien quizás las haya pensado poco) y M (manipuladoras). Este es un breve repaso a estas últimas, aprovechando la necesidad de un debate informado de cara a los inminentes procesos electorales.

La descentralización sanitaria resquebraja la cohesión social.

Ni las desigualdades aumentan de la noche a la mañana ni ha sido la descentralización el vector de un resquebrajamiento social. Al contrario, al permitir la descentralización fiscal una lectura política a las diferencias de gasto per cápita se ha generado un proceso de emulación que ha alimentado el gasto público, acercándolo a lo que algunos consideran objetivo europeo.

Utilizar el gasto per cápita para derivar conclusiones de inequidad inaceptable entre sistemas regionales de salud.

La financiación básica estatal supone un techo que las comunidades pueden completar. Ende, no es posible derivar de diferencias en el gasto per cápita conclusiones de equidad sin atender al lado de los ingresos.

Diecisiete comunidades autónomas; diecisiete políticas sanitarias.

Las políticas sanitarias son ‘políticas’ de modo que no existen 17 políticas, sino tres o cuatro maneras políticas, ideológicas, de entender la protección social en materia sanitaria. Así, la izquierda tiende a apoyar la provisión pública con producción propia; los centristas liberales suelen estar dispuestos a abrir su abanico, siempre de provisión pública a la producción privada concertada y los conservadores, manteniendo la regulación e incluso provisión pública, aceptan que ésta se concesione a empresas privadas incluyendo aquellas con ánimo de lucro.

Ignorar que regulación, financiación y provisión son alternativas de un mismo intento de tutela pública, con efectividad diferente según las situaciones.

Cuándo concertar o producir es un clásico en la materia. Y aunque las distintas modalidades posibles (producción pública o concertada) no requieran idéntica implicación ni se reflejen igualmente en cifras presupuestarias de gastos e ingresos, pueden servir igualmente a un mismo objetivo.

Identificar copagos con precios privados y no con deducciones fiscales o tasas.

Actuando en deducciones fiscales en la cuota del impueso sobre la renta, limitándolos a determinados contribuyentes, eximiendo algunos colectivos o vinculándolos a la renta se puede aminorar parte al menos de los efectos regresivos que se puedan generar.

Afirmar que todos los copagos son inequitativos.

Casi todo en economía depende de con qué se compare y de cuál sea la función que justifique el instrumento. No sólo es eficiente un copago para limitar un gasto innecesario. También evita una financiación por impuestos que generan pérdidas de bienestar asociables al llamado exceso de gravamen y puede dejar en capacidad económica privada unos recursos a contribuyentes que renuncian a aquellos consumos innecesarios.

La austeridad del gasto sanitario público mata, y no el paro o la pobreza.

La pobreza y el desempleo pueden tener efectos más negativos sobre la salud que los recortes en la asistencia sanitaria. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de establecer relaciones casuales. Además, las principales conclusiones empíricas que destacan diferentes autores a partir de la literatura analizada son que las medidas de austeridad adoptadas en el sector sanitario en España han sido suaves, en comparación con las que se han aplicado en países como el Reino Unido o Alemania, entre otras cosas por la variabilidad de políticas de las distintas comunidades autónomas y por las reacciones sociales.

Equiparar la Atención Primaria de distintos NHS, omitiendo los diferentes incentivos que subyacen en sus diferentes pautas profesionales.

Cuando se envidian ciertos rasgos de la Atención Primaria de otros países es frecuente comparar las retribuciones de sus profesionales con las vigentes en nuestro SNS, omitiéndose cualquier ajuste por dedicación horaria o por tamaños de los respectivos cupos. También cabe referirse al distinto status de sus profesionales en cuanto a capacidad auto-organizativa y asunción de riesgo y a la distinta flexibilidad en la extensión de prestaciones, obviando las diferencias entre modelos tipo NHS y de prestaciones de Seguridad Social.

Incrementar la fracción de presupuesto destinado a una actividad eficiente (por ejemplo AP) suponiendo que ello supondrá siempre una mejora.

Cuando se emplea la eficiencia previa como aval para reclamar más recursos se suele obviar que tanto el objetivo al que se pretenden destinar como el mecanismo por el que se espera que redundarán en beneficio equiparable. En el caso de la AP, intensiva en trabajo profesional, es fácil ver que aumentar las retribuciones profesionales satisfaría la reclamación, pero es arriesgado asumir que se vaya a traducir automáticamente en mejoras apreciables en los resultados de los pacientes.

Treinta millones de pobres en EE.UU. por ausencia de gasto público/PIB.

Muchos de los ciudadanos que no disponen de cobertura son trabajadores autónomos e inmigrantes ilegales. Los primeros, ante los precios elevados del aseguramiento sanitario, no pueden o quieren dicha cobertura (aquí entra el Obamacare); los segundos están cubiertos por Medicaid. Muchos sistemas sanitarios europeos cubren al conjunto de la población, pero el sistema americano permite acceder, con la libre disposición a pagar, a tecnologías y a servicios sin listas de espera o sin restricciones que sí se imponen en los sistemas europeos. Todas son opciones que proceden de elecciones sociales en democracia.

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