Entra en vigor la nueva ley de Contratos del Sector Público

El texto legislativo dará mayor valor a la calidad que al precio para las adjudicaciones
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Madrid
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09 mar 2018 - 14:07 h
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Desde el 9 de marzo la nueva ley de Contratos del Sector Público es una realidad. El texto ha venido salpicado por la crítica al tratarse de un redactado farragoso y que tampoco responde de manera concreta a la adquisición de medicamentos. De hecho en sus 347 artículos no hay mención concreta a las compras que se realizan en el Sistema Nacional de Salud y dentro de sus disposiciones adicionales (hasta 16) sólo una hace referencia a este aspecto. Se trata de una explicación sobre las centrales de compras que, a partir de ahora, se realizarán mediante Orden del Ministerio de Sanidad, previo informe favorable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda. A ellas se podrán sumar, como hasta ahora, las comunidades autónomas que así lo quieran.

Más allá de esta mención específica a la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, también son relevante algunos cambios que trae la ley que si bien no están circunscritos específicamente a los fármacos sí que se beneficiarán de ellos. El primero de los axiomas que conlleva esta ley es la prevalencia de la calidad sobre el precio. La nueva Ley fortalece el concepto de “oferta económicamente más ventajosa” entendiendo por tal, no la de precio más bajo, sino la de mejor relación coste-eficiencia. Este aspecto podría ser especialmente relevante en los medicamentos de prescripción o en productos sanitarios, respetando siempre la sostenibilidad del sistema en el marco de unos recursos limitados.

Junto a este precepto, la otra gran novedad es el fin del contrato negociado sin publicidad. Hasta la fecha, todo aquel contrato que la administración quisiese hacer por un valor inferior a 200.000 euros puede realizarlo mediante esta modalidad. Se trataba de un sistema opaco en el que la administración y el licitante llegan a un acuerdo para el suministro de cualquier bien. Los medicamentos también se compraban mediante esta modalidad contractual y era común ver el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el resultado del acuerdo, en el que aparece el bien licitado (por ejemplo un fármaco biológico) y la cantidad económica comprometida.

Su carácter opaco (son sin concurso) les puso en la diana por ser en más de una ocasión el vehículo usado en tramas de corrupción pero también por su naturaleza, por carecer mecanismos que aseguren la competencia. “En aras a una mayor transparencia en la contratación, se suprime el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y se introduce el procedimiento abierto simplificado, que persigue facilitar el acceso a las Pequeñas y Medianas empresas a los procesos de contratación, simplifica las cargas administrativas y reduce los plazos de tramitación”, explicó a este periódico los juristas Xavier Moliner y Mercè Maresma, abogados del bufete de Faus&Moliner.

Problemas para las subastas

Corría el verano de 2015 cuando el por entonces vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, Julio Sánchez Fierro, aseguró que la transposición de las directivas europeas de contratación pública (razón de ser de esta nueva ley) pondrían en jaque a las subastas de medicamentos. El argumento se sostenía sobre dos pilares: la falta de competencia del modelo y la falta de cumplimiento de los convenios por parte de las compañías adjudicatarias, que se evidencian a través de los desabastecimientos. Esta opinión es compartida por Ciudadanos, quien además pone en valor las recomendaciones que la Comisión Europea ha realizado a España. “Europa nos dice que son insuficientes los controles ex post de los convenios firmados, algo que se evidencia en las subastas de medicamentos. Creo que con la transposición tendrán que cambiar mucho”. Desde el PSOE también reconocen que no cumplir el contrato puede imposibilitar volver a participar en un proceso de contratación.

Quizá por la llegada de esta nueva ley la Consejería de Salud de Andalucía comunicó que las empresas que no alcanzaran un 85 por ciento del suministro quedarían excluidas de la licitación. Así lo anunció la consejera Marina Álvarez en el parlamento regional ante las críticas de la oposición ante los desabastecimientos de medicamentos.

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