El Interterritorial desbloquea asuntos claves pero frena su papel ejecutivo

Las CC.AA no aprobaron el nuevo reglamento elaborado por Sanidad y volverá a la Comisión Delegada
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Madrid
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23 jun 2017 - 13:36 h
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El Consejo Interterritorial dejó varias sensaciones y alguna certeza. El hecho incontestable es que la sanidad sirve para marcar distancias ideológicas. El pasado miércoles se vivieron dos interterritoriales. Uno dantesco, donde el orden del día era interminable, se escondían temas de interés general y la ministra quería invadir competencias autonómicas. El otro, por el contrario, era idílico. El orden del día era largo pero sanitariamente necesario y donde no se dejaba ningún tema en el cajón. La ministra estuvo hábil, dialogante, con ánimo de consensuar cada uno de los puntos. Por suerte, entre ambos panoramas estaba el horizonte. El Interterritorial aprobó 30 de los 31 puntos que se debatían, pero se quedó en el tintero uno de los más importantes. Las beligerancias entre las comunidades de signo político diferentes al del Gobierno fue dando paso a los consensos y los pacientes de hepatitis C, ELA o talidomida hoy tienen más que celebrar que ayer.

Las diferencias entre gobierno y comunidades autónomas se vivieron desde la entrada en el Ministerio de Sanidad. La tardanza por convocar el Interterritorial, el extenso orden del día, el escaso tiempo para preparar la documentación que se debatió en la Comisión Delegada y la siempre recurrente falta de financiación eran las críticas más comunes. También lo fueron, como en el caso de la Comunidad Valenciana, las críticas a los recursos interpuestos por el Gobierno central a sus intentos de paliar el copago o recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria.

El Interterritorial comenzó puntual y el punto de la discordia fue el tercero, que buscaba conformar un Consejo con un papel más ejecutivo. Apenas dos horas después, Extremadura, Comunidad Valenciana y Cantabria se levantaron de la mesa. “No vamos a abandonar pero salimos a expresar nuestra oposición al cambio de reglamento que propone el Ministerio”, dijo el consejero de Extremadura, José María Vergeles. El anuncio se produjo instantes después de que la mayoría de comunidades consiguieran devolver el cambio de reglamento a la Comisión Delegada para redactar otro articulado. Será en 15 días, aunque no se espera que se celebre otro Interterritorial antes de agosto.

Las críticas a este punto fueron agrias por parte de Vergeles, Carmen Montón, consejera de la Comunidad Valenciana, y María Luisa Real, homóloga de Cantabria. “El reglamento propuesto invade competencias y da potestad al Ministerio de Sanidad para decidir aún en contra de la opinión de las comunidades”, decía Vergeles. “El Interterritorial se rige por la Ley de Cohesión y no por la Ley 40/2015. Pretendían que el ministerio podía aprobar en solitario porque su voto se convertía en cualificado”, criticaba Montón. “No vamos a consentir la recentralización”, aseveraba Real.

Tras el agrio comienzo, comenzaron a llegar los resultados en salud. El Plan Nacional contra la hepatitis C incluirá a todos los enfermos con independencia de su grado de fibrosis. En este punto también hubo fricciones por la financiación. El protagonismo de las críticas lo tomaron Andalucía, Baleares y Castilla- La Mancha. Marina Álvarez, que vivía su primer Interterritorial, avisó de que sin una partida de financiación no se conseguirá la equidad en el Sistema Nacional de Salud. El consejero castellano Jesús Fernández aseveró que debía acabar “el yo invito y tu pagas” y explicó que no cejarían en el empeño de pedir una partida específica. Desde Baleares la crítica fue más profunda y pidieron mayor presencia autonómica en la Comisión Interministerial de Precios, donde a partir de ahora serán tres miembros autonómicos en lugar de dos. Estas críticas fueron contestadas por Dolors Montserrat, quien explicó que “las comunidades tienen que entender que los medicamentos para la hepatitis C son uno más del catálogo”. Aún así, la ministra también dijo que “trabajan día a día para bajar los precios” y convocará un Consejo Interterritorial monográfico de Financiación una vez concluyan los trabajos técnicos derivados de la Conferencia de Presidentes.

En cualquier caso, Montserrat quiso defender su papel en materia de financiación avanzando la aprobación de 30 millones de euros para las comunidades autónomas. Algo más de 22 de ellos irán destinados al Fondo de Cohesión y otros dos millones para mejorar los sistemas de información. Además, ante las críticas porque la inversión en hepatitis C compute para déficit, Montserrat se comprometió con los consejeros a trasladar la queja a Hacienda.

Junto a los pacientes de hepatitis C, los de ELA y talidomida también tuvieron un buen día. Para los primeros, se acordó la elaboración de una Estrategia Nacional para luchar contra la enfermedad. “Se personalizarán los tratamientos para todos los pacientes”, resumió Montserrat. En cuanto a la talidomida, se comenzará a elaborar el registro de pacientes, y se creará una oficina de apoyo con la ayuda del Carlos III.

Respuesta ante las Enfermedades Raras

El Ministerio de Sanidad destinará 1,8 millones de euros a las comunidades autónomas para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras, según se acordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto, se distribuirán un millón de euros para avanzar en la atención de los afectados por estas patologías de baja prevalencia y 800.000 euros para, en el marco de una prueba piloto, hacer un diagnóstico más rápido y establecer “rutas asistenciales” que aseguren a las familias acceder a un diagnóstico genético. “Es prioritario seguir sumando esfuerzos para avanzar en la investigación, mejorar la detección precoz y ahorrar el calvario que supone a los enfermos y sus familias el tiempo de espera hasta que se diagnostica la enfermedad”, informó el Ministerio. Además, se aprobó el manual de procedimientos del Registro de Enfermedades Raras que permitirá tener un censo de pacientes.

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