El Ejecutivo en funciones veta una propuesta de universalidad a la que no se opuso en marzo

El PSOE denuncia el veto del Gobierno y presenta un recurso para suspenderlo y pedir más argumentos
Madrid
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18 oct 2016 - 15:00 h
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El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández, ha criticado el veto del Gobierno a la tramitación de una Proposición de Ley del PSOE para devolver la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos españoles y extranjeros que residen en España. La proposición coincide sustancialmente con la presentada por este grupo en la XI Legislatura, cuyo plazo para que el Gobierno emitiera criterio finalizó el 17 de marzo de 2016, sin que este mismo Gobierno en funciones se opusiera en ningún momento a su tramitación parlamentaria.

Según Fernández, se trata de una medida “retrógada”, motivo por el cual la Mesa del Congreso ha decidido, con el único voto en contra del PP, poner en suspenso este veto y pedir más argumentación al Gobierno. Así consta en el texto de un recurso presentado por el grupo parlamentario socialista, que hace referencia a la “arbitrariedad” del comportamiento del Ejecutivo en funciones... “Arbitrariedad que no sólo es motivo para que la Mesa de la Cámara pueda rechazar el escrito del Gobierno, sino que está específicamente prohibida para los poderes públicos por el artículo 9.3 de la Constitución”, señala el escrito socialista.

La disconformidad del Gobierno con la tramitación de la proposición de ley pretende justificarse en los cálculos incluidos en la memoria económica que acompañó al Real Decreto 1192/2012. Por otro lado, se cita también un Informe del Tribunal de Cuentas aprobado por el Pleno del citado Tribunal en su sesión de 29 de marzo de 2012. También se señala que la proposición no tiene en cuenta la legislación europea en materia de aseguramiento, poniendo en riesgo la solvencia del SNS.

Todos estos argumentos son rechazados por el PSOE en su escrito. Fernández, por su parte, ha recordado que “el Tribunal Constitucional ha dictaminado que no se puede poner en cuestión el derecho a la salud de las personas en función de que existan unas condiciones económicas más difíciles”. Además –ha continuado- “el hecho de mantener a cientos de miles de personas sin tarjeta sanitaria en España lo que está haciendo es llevarles al agravamiento de sus enfermedades y a las puertas de urgencia de los hospitales”, lo que conlleva “una asistencia de peor calidad, que pone en riesgo la salud de los ciudadanos y que resulta mucho más cara”.

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