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Editorial / Opinión /
Con la venia: La actualidad económica manda
Juan Suárez, es abogado de Faus & Moliner
viernes, 20 de julio de 2012 / 19:09
El auto que levanta la suspensión de las subastas se basa en consideraciones puramente económicas
Hace escasas fechas la web de esta publicación se hacía eco de la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar de la resolución de la Junta de Andalucía mediante la que se convocaba subasta pública para seleccionar los medicamentos a dispensar en territorio andaluz cuando la prescripción se haga por principio activo. Recordarán ustedes que fue allá por el mes de abril que el Gobierno central decidió recurrir la resolución, al estimar que invadía sus competencias restringiendo de forma sustancial la cartera básica de servicios aprobada por el Estado. La interposición del conflicto conllevaba la suspensión automática de la resolución andaluza; suspensión que ha quedado ahora sin efecto en virtud de este nuevo auto del Tribunal Constitucional.

La actuación de las dos partes en el asunto de las subastas entraría en los anales del disparate jurídico
Lo cierto es que la actuación de las dos partes en este conflicto, Gobierno y Junta de Andalucía, reúne méritos más que suficientes para ocupar un lugar de honor en los anales del disparate jurídico. De entrada, la actuación de la administración andaluza podría tildarse como poco de desleal, al romper unilateralmente la baraja, al igual que había hecho previamente Galicia con el cataloguiño, pese a que las principales exigencias de las autonomías habían sido ya atendidas con el Real Decreto-Ley 9/2011 con el fin, precisamente, de acabar con estas aventuras y garantizar la igualdad y equidad de la prestación en todo el territorio.

El Gobierno, por su parte, reaccionó tarde y mal a este desafío. A este respecto, creo que se debe destacar que, seguramente guiado por cálculos exclusivamente electorales, decidió interponer el recurso contra la resolución que convocaba la subasta, y no contra el Decreto-ley 3/2011 de la Junta de Andalucía que previamente le había proporcionado cobertura legal. Esta situación provocó que la suspensión no empezase a operar hasta el 2 de abril, fecha de interposición del conflicto ante el Tribunal Constitucional, generando serias dudas sobre la aplicabilidad de los convenios que se habían firmado con anterioridad por los laboratorios que accedieron finalmente a firmar la adjudicación.

El auto de 16 de julio de 2012 del Tribunal Constitucional viene a poner la puntilla a este conjunto de dislates, aceptando el levantamiento de la suspensión sobre la base de razonamientos un tanto discutibles. Como reza el título de este artículo, la actualidad económica manda. Y el criterio del tribunal parece claramente influido por la preocupante situación de las depauperadas arcas públicas. Aún resultando comprensible la presión que ello ha ejercido en su ánimo, sorprende sin embargo la soltura con la que el Tribunal Constitucional descarta toda consideración hacía los intereses de los laboratorios afectados, que sacrifica bajo el consabido argumento del "interés general", siempre útil a la hora de hacer caso omiso de los derechos de los administrados, así como hacia los intereses de los pacientes que verán sustituido su tratamiento actual, a los que tampoco atiende bajo pretexto de que la normativa estatal –mucho más flexible, sin embargo- ya permite tal sustitución.

Considero que lo cierto es que de la lectura del auto del Tribunal Constitucional que levanta la suspensión cautelar de las subastas uno sale con la fuerte impresión de que la decisión ya estaba adoptada previamente en base a consideraciones puramente económicas, y que el tribunal se ha limitado a poco más que dar cierta cobertura jurídica formal a la misma.

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