Ley de Contratos Públicos: la mayor transparencia, un ‘arma de doble filo’

La industria, preocupada por el tratamiento de datos “sensibles” en torno a los precios en una norma que genera dudas
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Madrid
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11 may 2018 - 08:00 h
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Dos meses después de su entrada en vigor, la nueva Ley de Contratos del Sector Público sigue generando dudas e incertidumbre en el sector sanitario... Unas inquietudes que, en la medida de lo posible, intentaron ser resueltas en una jornada organizada el pasado 9 de mayo en Madrid por la Comisión de Sanidad de la CEOE que preside Carlos González Bosch.

La incertidumbre viene propiciada por lo farragoso de su articulado, en lo general, y, en lo particular, por la ausencia de referencias específicas a los procesos de contratación en el ámbito sanitario. Apenas puede localizarse en su contenido una disposición adicional que alude a las compras centralizadas de fármacos. “Es una ley que genera que provoca sentimientos contradictorios. Es cierto que hacía falta, pero a algunos nos ha provocado una enorme decepción ya que no favorece ni la agilidad ni la transparencia en los procesos de contratación y, respecto a los criterios sanitarios a ponderar, ni están ni se les esperan”, criticó en su intervención Julio Sánchez Fierro, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Para este experto, “la sostenibilidad del SNS también pasa por una buena gestión de la compra pública”. Por ello, apuntó, “no tiene sentido que el 40 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas se inviertan en Sanidad y pese a ello no se incluyan criterios sanitarios en los procesos de contratación”, dijo Sánchez Fierro. Por su parte, González Bosch recordó que durante la tramitación parlamentaria de esta ley “se han presentado más de mil enmiendas”, lo cual quizá haya influido en esas sensaciones contradictorias que deja el texto final.

Las preocupaciones del sector

¿Cuál es el parecer del sector farmacéutico al respecto? Según las manifestaciones en esta jornada de CEOE, hay cierta inquietud.

En especial por el ‘arma de doble filo’ que puede suponer la mayor transparencia que persigue esa ley. En este sentido, “el tratamiento y confidencialidad de los datos y precios de las ofertas en un proceso de contratación” son los asuntos que más preocupan a la industria farmacéutica, según expuso Lourdes Fraguas, responsable jurídica de la patronal Farmaindustria.

“Somos conscientes de que cuestiones como la liquidación y los plazos de ejecución (de los contratos) sí se van a tener que publicitar, pero hay dudas respecto a otras informaciones en torno a los precios. Los que tienen que conocer el precio (contratistas y licitadores públicos) ya tienen medios actualmente para conocerlos”, expuso la representante de Farmaindustria defendiendo un umbral de confidencialidad. Asimismo, las novedades que introduce esta ley respecto a los contratos menores o la licitación por lotes también preocupan “aunque en menor medida” al sector, reconoció Fraguas.

Con este parecer también se alineó Pablo Crespo de la Cruz, director del Departamento legal de la patronal de empresas de tecnología sanitaria (Fenin). “Estamos satisfechos porque la ley ponga el foco en la calidad-precio en los procesos de contratación y no solo en lo económico, como hasta ahora; pero hay que respetar la confidencialidad de datos e información comercial sensible al contrastar ofertas”, indicó en este acto.

Base legal para la ‘nueva’ financiación

Como uno de los aspectos positivos, la representante de Farmaindustria valoró que al artículo 102.6 de la nueva ley recoja que el precio pueda calcularse “en función del rendimiento”. Para Fraguas, “esto puede ser la base legal para las nuevas fórmulas de financiación de medicamentos por los que está apostando la Administración, como el pago por resultados”. Eso sí, nuevamente se echan en falta criterios “para evaluar la calidad asistencial o la eficiencia” que lo complementen, según Sánchez Fierro.

Ahora bien, el sentir general de expertos y afectados (industria) es que se trata de una ley “cogida con pinzas”, tramitada “deprisa y corriendo” para la cantidad de enmiendas que recibió —opinó Sánchez Fierro— y que ni tan siquiera refleja fielmente la directiva europea que debe transponer. “¿Por qué no derogarla?” llegó incluso a sopesar Sánchez Fierro.

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