El Congreso se alinea contra el 16/2012 a las puertas del debate de los PGE´18

La oposición encuentra dos vías de entendimiento que podrían ser determinantes en materia de Sanidad y Ciencia
Madrid
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11 may 2018 - 08:00 h
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Si alguien animará el debate en el Congreso de las enmiendas sanitarias al proyecto de Presupuestos Generales para 2018, será sin duda el grupo socialista. Las suyas son las peticiones más numerosas y que más cambios de calado requieren al Gobierno. Podría decirse que muchas de ellas se han debatido ya, con la aprobación en el Pleno de la Cámara Baja —contra todo pronóstico— de una moción sobre el futuro del SNS. Si este consenso obtenido —votaron a favor de derogar el 16/2012 todos, menos el PP—, se traslada al debate de las enmiendas a los PGE, el contenido de la sección 26, relativo al Ministerio de Sanidad, podría llegar al Senado con modificaciones considerables. Y podrían no ser las únicas. La oposición ha encontrado en la Ciencia otra vía de entendimiento que abre nuevas posibilidades para enmendar el texto del Gobierno.

En la Cámara Baja, el portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, defendió una moción que, entre otras cosas, tenía como objetivos recuperar el derecho a la atención sanitaria como un derecho de la ciudadanía; garantizar el acceso a la innovación terapéutica y dotar el Fondo de Cohesión y el de Garantía Asistencial... En línea con las enmiendas que ha presentado al proyecto de presupuestos. El debate, reiterativo sólo en apariencia, acabó teniendo un final alejado de toda premisa anterior, a pesar de las críticas recibidas, y no sólo por parte del PP: finalmente, la moción fue aprobada con 206 votos a favor, 132 en contra y 2 abstenciones.

El debate sanitario

¿Cómo podría determinar este debate el de los PGE? Si de hacer números se trata, es posible que, tras muchos intentos, finalmente prospere la petición de inyectar más recursos al Fondo de Cohesión. De los cuatro grandes grupos, dos solicitan reforzarlo: el PSOE, con 100 millones de euros; Podemos, devolviéndole la financiación que tenía en 2002 (93,3 millones). Ciudadanos no lo ha incluido entre sus enmiendas, pero su portavoz de Sanidad ha abierto una puerta a sumarse a la propuesta del PSOE. “Votaremos a favor, si ustedes lo llevan a presupuestos en forma de enmienda y luego se comprometen a votar los presupuestos”, aclaró Francisco Igea.

De la postura manifestada por esta formación también queda en el aire el futuro de otra de las grandes apuestas del PSOE: la creación de un fondo de 150 millones de euros para financiar innovaciones terapéuticas “de las que se haya comprobado un alto valor terapéutico, permitiendo su inclusión sin afectar, ni a la sostenibilidad del sistema, ni a la equidad en el acceso a las mismas”, según consta en la enmienda socialista.

Asumiendo que el PP votará en contra, la aprobación de esta enmienda dependería de que se repita el consenso alcanzado la semana pasada en el Pleno. Y, de nuevo, si alguien puede inclinar la balanza, es Ciudadanos. “Estos fondos de innovación, que son fondos para garantizar que la industria farmacéutica siga metiendo sus novedades al precio que quiera, está demostrado que no sirven para nada. Lo que necesita este país no es esto; sino un sistema de fijación de precio por valor para las novedades terapéuticas que haga el sistema sanitario sostenible”, apuntó Igea.

El acuerdo alcanzado la semana pasada se ha visto reflejado en el texto transaccional aprobado para la moción, que matiza la propuesta del PSOE para apostar por un Fondo de Innovación “que coadyuve a las Comunidades Autónomas en la financiación de nuevos tratamientos, que aportando un valor terapéutico contrastado, suponga un impacto imprevisto sobre los presupuestos sanitarios, o corresponda a tratamientos que a pesar de su relativo alto coste-efectividad se decida en el Consejo Interterritorial su financiación pública (medicamentos huérfanos de alto coste)”.

Lo mismo cabe decir en relación con la enmienda socialista para modificar la Ley de Garantías e incluir a las personas con pensiones contributivas complementadas a mínimos en la exención del copago farmacéutico. Cuando todavía está pendiente la reforma comprometida por el Ministerio, Ciudadanos y PSOE siguen dejando patente su alejamiento en este punto. “Hemos propuesto ya tres veces, y lo haremos una cuarta vez, reducir los copagos a aquellos que tienen problemas de adherencia al tratamiento (...) Siguen siendo las mismas personas: las que tienen las tarjetas tipo tres, que tienen ingresos por debajo de 18.000 euros”, señaló Igea. Desde Podemos (la formación morada ha presentado, como también ha hecho el PSOE, una enmienda de devolución a toda la sección sanitaria) también defienden otra versión. “Desde el Grupo Confederal entendemos que se han de suprimir todos los copagos, es decir, también los previos a la normativa de 2012”, indicó la diputada Eva García.

La moción socialista aprobada parece contentar a todos. Insta a suprimir los copagos sanitarios introducidos por los Reales Decretos-ley 16/2012 y 28/2012, “que suponen una barrera de acceso y de adherencia a los tratamientos para parte de la ciudadanía” y plantea “estudiar el efecto de los copagos existentes previamente a dicha normativa, con el fin de considerar su posible modificación en la población más vulnerable”.

El de la universalidad de la asistencia es sin duda la enmienda más peliaguda, ya que choca frontalmente con la decisión que el Gobierno y del PP han manifestado por activa y por pasiva: no derogar el Real Decreto-ley 16/2012. Tras echar mano de la postura manifestada por el Tribunal Constitucional, el PP, a través de su portavoz de Sanidad, insistió en ello: “No podemos dar marcha atrás a una gestión que ha permitido que hoy las comunidades dispongan de más financiación del Estado para políticas sociales”, aseguró Teresa Angulo.

El debate científico

Si importante puede ser el consenso para el debate de las enmiendas sanitarias, el cambio podría no ser menor en el caso de la Ciencia. Aquí, no sólo PSOE y Podemos han repetido su jugada con la presentación de enmiendas de devolución a toda la sección, sino que en este caso Ciudadanos ha sacado toda una artillería para mejorar la gestión del sistema.

Otro debate, también celebrado la semana pasada en el Pleno del Congreso —si bien éste a instancias de Podemos— permitió comprobar que las posturas de la oposición están muy próximas. La sintonía de opiniones se ha traducido en un buen número de enmiendas a los PGE que pasan por eliminar la intervención previa para los OPI; aumentar la flexibilidad en la contratación de personal; modificar la Ley de Contratos del Sector Público; introducir la excepción a la Ciencia a la hora de realizar la contratación de suministros; aumentar el plazo de los convenios de colaboración; introducir una regulación específica para los consorcios estratégicos; eliminar el requerimiento de autorización por parte del Consejo de Ministros para realizar aportaciones a proyectos, programas y organismos internacionales... Un amplio suma y sigue que pretende fijarse en asuntos clave para el sistema de Ciencia, como son los recortes acumulados de los últimos años, la ejecución presupuestaria y la burocratización del sistema.

En una semana que parece ser clave para la futura evolución de consensos entre los grupos parlamentarios, la Comisión de Economía del Senado aprobó el pasado jueves, con 0 en contra, 15 abstenciones y 19 a favor una propuesta para construir un Pacto por la Ciencia, fundamentado, entre otras cosas, en una mejora de los recursos.

De cara a la financiación de la investigación sanitaria, las primeras consecuencias de este posible pacto podrían llegar con nuevas aportaciones para el Instituto de Salud Carlos III. Varios grupos lo tienen en su agenda para los PGE: Podemos, con 48,9 millones de euros; el PSOE, con 27,5 millones de euros; y Ciudadanos, con 500.000 euros.

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