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16 oct 2017 - 08:00 h
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La OPE extraordinaria que había convocado el Ministerio de Hacienda a instancias del Ministerio de Sanidad se retrasará al menos un año. El de la escasez de los recursos humanos es un problema que viene de antiguo en el Sistema Nacional de Salud y que se había agudizado desde que comenzó la crisis económica.

En los últimos dos años, la solución parecía que podía solucionarse. El pacto entre Ministerio, comunidades y sindicatos; la decisión de avanzar en el registro de profesionales, el fin de la tasa de reposición y los incrementos en los últimos tres años en el capítulo 1 de los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas hacían prever que todo se dirigía al camino correcto para poner coto a la precariedad en el sistema sanitario.

Así que el retraso en la materialización de la OPE extraordinaria es un nuevo jarro de agua fría sobre unos profesionales que han realizado multitud de esfuerzos para que la crisis económica no impactara en la salud de los pacientes.

Ya antes de que se anunciara esta noticia, Comisiones Obreras ya había advertido en su informe anual sobre presupuestos autonómicos que el incremento del gasto destinado a recursos humanos había ido destinado a alimentar esta precariedad. De hecho, en las cuentas de 2017 está previsto que se supere la cifra de 2010, cuando se alcanzaron en España los máximos históricos en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas.

Mientras existía una tasa de reposición, era lógico que los servicios de salud autonómicos recurriesen a la temporalidad y a la interinidad para tapar los agujeros que habían aparecido en las plantillas sanitarias.

Pero ahora que la tasa de reposición ha desaparecido y que el recorte en el área de recursos humanos ya se ha superado no es lógico que las comunidades quieran continuar en este estatus. De hecho, son muchas regiones las que no han enviado a Ministerio las vacantes con la intención de que se pudieran ofertar las plazas ya a finales de octubre. En esta ocasión, el Ministerio ha liderado, es el momento en que las comunidades asuman sus obligaciones.

Ahora que la tasa de reposición ha desaparecido, no es lógico que las CC.AA. quieran seguir en este estatus

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