Una botica de Pontevedra, ligada a la ‘Operación Noisa’, multada con 600.000 euros por comercio inverso de medicamentos

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25 may 2015 - 12:00 h
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El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado una multa de 666.001 euros a una oficina de farmacia de Marín (Pontevedra) por, entre otras cuestiones, llevar a cabo de forma sistemática acciones de distribución inversa de medicamentos, al adquirir medicamentos para su posterior venta a Celtifarma, un almacén farmacéutico situado en Monforte de Lemos (Lugo). Se da la circunstancia que esta farmacia también está relacionada en la ‘Operación Noisa’ por la cual la Guardia Civil destapó una red de comercio inverso de fármacos con origen en Galicia, liderada por una trama familiar con el apoyo de una decena de boticas en toda España y varios distribuidores. Este establecimiento sería, según las investigaciones, uno de los principales centros de operaciones de dicha trama.

En concreto, la farmacia sancionada por el TSJ de Galicia es propiedad de uno de los detenidos en el marco de la Operación Noisa —Javier L.D., puesto posteriormente en libertad a la espera de juicio—, pero que tendría a Begoña A. —sobre la que recae esta sanción— como testaferro. No obstante, esta sanción no tiene nada que ver con la ‘Noisa’ sino con el ‘caso Celtifarma’, destapado en 2012 y que puede considerarse la ‘antesala’ de esta reciente operación, tanto por los mismos implicados, como por el mismo tipo de actuaciones investigadas. La sanción de 660.001 fue impuesta por la Consejería de Sanidad de Galicia y ha sido ahora ratificada por el TSJ de Galicia al desestimar el recurso contra la misma interpuesto por Begoña A.

La sentencia del TSJ de Galicia considera probado que desde la farmacia de Marín se adquirieron medicamentos cuyo importe total superaba los 50.000 euros para su posterior venta —sin tan siquiera llegar a pasar por la citada botica— al almacén Celtifarma, propiedad del considerado ‘cabecilla’ de la trama, Carlos L.L. y padre de Javier L.D. Durante la inspección realizada en 2012 por el Servicio Gallego de Salud, la farmacéutica justificó que la adquisición de tales grandes cantidades de fármacos tenía por objetivo “aprovecharse de los descuentos que le hacían” y que su envío a Celtifarma tenía el fin de “conservarlos hasta que los necesitase para suministrarlos al público”. Sin embargo, la sentencia del TSJ de Galicia deja claro que dicha justificación queda “desvirtuada” por los datos comprobados sobre “ventas facturadas al Sergas, que son las mayoritarias (...) así como los que en total venden de un mismo producto todas las demás farmacias del área de Marín”. La cuantía de la multa por esta práctica de distribución inversa asciende a 600.000 euros.

Asimismo, el TSJ de Galicia confirma otros 60.001 euros de multa por la falta de colaboración de la farmacéutica durante la citada inspección que dio origen al expediente sancionador. Además de negarse a contestar determinadas preguntas, Begoña A. también negó el acceso a su domicilio donde aseguraba tener almacenados más de 1.000 psicotrópicos no encontrados en el stock de la botica ni registradas sus dispensaciones en el libro recetario. En este sentido, la sentencia indica que “debido a que las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios de interés público, la obligación de sus titulares de colaborar con las autoridades sanitarias no es la de un simple ciudadano”. Por ello, “no cabe invocar su derecho a no declarar cuando se realiza una investigación sobre hechos que pueden incidir en el seguimiento de la trazabilidad de un medicamento”. Respecto al acceso a una vivienda, el fallo indica que en base a lo estipulado en la Ley de Garantías, un inspector autorizado “puede entrar libremente y sin previa notificación en todo establecimiento sujeto a esta ley”. Por tanto, si la sancionada utiliza su domicilio como almacén particular de medicamentos “convierte su vivienda en un anejo a su oficina de farmacia”.

Por último, también se confirma una multa de 6.000 euros por no poder acreditar que las facturas emitidas a buques pesqueros respondían a pedidos previos de estos cargadores. Cabe recordar que, tal como contó EG, la trama utilizaba su condición de proveedores de los botiquines de la flota de Freiremar para ‘sacar’ de España vía marítima los medicamentos objeto de comercio inverso en dichos buques (principalmente desde el puerto de Vigo), los cuales nada tenían que ver con los fármacos que la ley obliga a disponer en un botiquín pesquero. De las 60 facturas de suministros a buques encontradas, la farmacéutica solo pudo presentar dos solicitudes que se correspondiesen con otras tantas facturas. La sentencia del TSJ de Galicia y la consecuente ratificación de la sanción (666.001 euros) es firme.

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