La directiva de Transparencia sigue sin convencer a España

El Gobierno cree que la propuesta vulnera el principio de subsidiariedad

El PSOE y las Cortes de Castilla y León y Extremadura votan a favor de la directiva

Herramientas
|
10 may 2013 - 15:00 h
|

Desde que empezó la crisis, las medidas de contención del gasto farmacéutico público se han afianzado como un arma fundamental de los estados para equilibrar sus problemas financieros y presupuestarios. Vistos los resultados de su reforma farmacéutica, España no está dispuesta a ceder terreno a Europa dando su visto bueno a la propuesta modificada de Directiva del Europarlamento y la Comisión Europea relativa a la transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de enfermedad, más conocida como Directiva de Transparencia. Un informe del Gobierno español cree que la propuesta vulnera el principio de subsidiariedad de los estados, pero el asunto genera división de opiniones dentro del PP.

Así se informó en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que la semana pasada analizó la propuesta y los dictámenes enviados al respecto por los parlamentos regionales. Rubén Moreno, portavoz del PP, mostró el acuerdo del grupo parlamentario “con el informe del Gobierno”. A su juicio, la nueva propuesta es “lesiva”, y aunque la directiva previa, del año 1989, “tiene lagunas que hay que corregir”, esta formación cree que “una directiva menos invasiva podría dar cumplimiento a la normativa de mercado único y a la vez no interferir en la capacidad de los estados en definir políticas sanitarias”.

Los cambios incluidos en el texto por la Comisión Europea, tras su paso por el Europarlamento, no han pasado desapercibidos. El PP valora positivamente, por ejemplo, que se hayan aumentado los plazos inicialmente previstos para la toma de decisiones sobre precios y reembolsos y que se hayan eliminado trámites burocráticos, como la antigua obligación de notificación para los estados antes de establecer medidas determinadas en el ámbito del precio de los medicamentos.

Pero la propuesta restringe “algo fundamental”, para el PP, que choca directamente con la apuesta de la directiva para favorecer el desarrollo del mercado interior: la capacidad para adoptar medidas de control o fomento de medicamentos específicos. “En otro momento igual tendría menos importancia, pero en el actual momento en el que la contención del gasto y el coste-efectividad es tan importante, cualquier interferencia es excesiva”, aseguró Moreno.

Según el Grupo Popular, “el mercado no puede imponer limitaciones a instrumentos esenciales de política sanitaria, incluyendo la potestad de los estados para incidir sobre los precios de los medicamentos y decidir cuáles se incluyen en los seguros públicos de enfermedad”. Si fueran idénticos en todos los países, añadió Moreno, los mecanismos para fijar precios deberían también ser únicos, pero los sistemas de seguros son amplios y variados a lo largo de la Unión Europea.

Sin embargo, todo es cuestión de interpretación. En opinión de Ramón Ortiz, senador del PSOE, la regulación “conjunta cuidadosamente la obligación de preservar las competencias de los estados en la salud pública con la necesaria eficacia de la norma comunitaria para garantizar el mercado interior”. Según el Grupo Socialista, la propuesta no limita la capacidad de los estados sobre los precios de los medicamentos y respeta, por tanto, el principio de subsidiariedad.

División en el PP

Pero el PSOE no es el único que disiente del informe del Gobierno ratificado por el Grupo Popular. La valoración del principio de subsidiariedad de una iniciativa legislativa europea contempla que el Congreso y el Senado la remitan a los Parlamentos regionales para que éstos emitan un informe motivado al respecto. Los dos informes que ha recibido la Comisión Mixta de la Unión Europea, de los Parlamentos de Castilla y León y Extremadura, coinciden en sus argumentos con los del partido socialista, y no con los del PP.

Las Cortes de Castilla y León resaltan la validez de la propuesta en dos puntos. En primer lugar, apunta la divergencia existente entre lo que dispone la norma, que describe los principales tipos de procedimientos de fijación de precios y reembolsos establecidos en los años 80, “y la gama mucho más amplia de medidas de contención de costes adoptadas actualmente por los estados miembro”. En segundo lugar, añade que los estados “han superado regularmente los plazos de las decisiones sobre fijación de precios y reembolsos”.

En cuanto al principio de subsidiariedad, cree que la propuesta mantiene el principio fundamental de la directiva de no interferir más de lo necesario en la manera en que los Estados miembro organizan sus políticas nacionales de Seguridad Social. “La propuesta no prevé aproximar las medidas nacionales de fijación de precios y reembolsos, ni tampoco limitar la capacidad de los estados para determinar libremente los precios de los medicamentos y las condiciones de su financiación pública sobre la base de los criterios que estimen convenientes”.

El Parlamento extremeño también considera necesaria la propuesta de modificación de la directiva, y añade que la acción a escala de la UE ofrece “ventajas claras” comparadas con la acción a escala nacional, regional o local.

Twitter
Suplementos y Especiales