La cohesión del SNS, entre decisiones vinculantes y el endurecimiento legal

n Administración, pacientes y juristas se dan cita en el XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario
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16 oct 2015 - 14:00 h
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Competencias, igualdad, sostenibilidad, derecho a la salud... Todo un cúmulo de problemas hacen que hoy en día el código postal influya en la salud, dejando a su paso múltiples recursos judiciales. Las soluciones no son sencillas, según dejaron claro los expertos reunidos en torno a una mesa sobre la cohesión del SNS organizada en el marco del XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Pacientes y juristas planten como soluciones la toma de decisiones vinculantes y un endurecimiento legal ante ciertos comportamientos.

El hecho de que la Alianza General de Pacientes, representada por su presidente, Antonio Bernal, haya tenido que impulsar un Comisionado para la Equidad es, en opinión del abogado Julio Sánchez Fierro, un claro indicador del problema actual. Ambos coinciden en la necesidad de ir más allá del Consejo Interterritorial y caminar hacia una toma de decisiones vinculantes. Sánchez Fierro lanza como idea un planteamiento “tipo Agencia”, a imagen y semejanza de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, organismo integrado por comunidades y operadores del que salen decisiones que deben implementar las regiones. “No es solo un foro de debate”, añade Sánchez Fierro.

Pero ante la ausencia de una apuesta oficial de este tipo tocará seguir acudiendo a los tribunales. El mandato constitucional, expuesto por Carmen Plaza, letrada del Tribunal Constitucional, es claro: los poderes públicos deben remover obstáculos, y no al contrario. La doctrina consolidada al respecto parece apuntar a que, si bien es indiscutible la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas, ésta no puede afectar los derechos sustantivos de los ciudadanos.

Hoy, los algoritmos terapéuticos, la ‘supercomisión evaluadora’ de Andalucía y otros comités asesores, como el creado en Navarra para la prestación farmacéutica son, a juicio de Sánchez Fierro, susceptibles de aumentar la ya amplia jurisprudencia al respecto. Ante un goteo que parece incesante, Sánchez Fierro plantea dos opciones que supondrían endurecer la vía legal: la primera, que ante este tipo de decisiones “se abra paso el recurso de amparo” (toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal están legitimados para interponer uno); la segunda, que se tenga en cuenta “si se podría estar en el límite de la prevaricación”, con todas las consecuencias que ello podría implicar.

Incluso desde el Ministerio, garante de la cohesión, se reconoce que no existe igualdad, ya no entre comunidades, sino dentro de una misma región. El director general de Farmacia, Agustín Rivero, explicó el funcionamiento de los informes de evaluación a los que son sometidos las técnicas, tecnologías y procedimientos antes de su entrada en la cartera de servicios, previo acuerdo del CISNS, y planteó que qizá muchos problemas se aliviarían con una rápida respuesta por parte del Tribunal Constitucional, en una clara referencia a las subastas.

La orden ministerial de precios de referencia entrará en vigor en diciembre. Así lo confirmó el director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Agustín Rivero, al asegurar que el texto estaría publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 17 de octubre.

En cuanto al RD de Precios y Financiación, Rivero aseguró que no ha incluido el mecanismo de puntos (hasta un máximo de 20) para medir la innovación de los medicamentos. Sanidad sigue trabajando en ello. Aunque ya se han establecido unos criterios para definir la puntuación, ahora deben ser discutidos con las sociedades científicas y la industria. Según Rivero, de 140 fármacos analizados, un alto porcentaje no ha llegado a los 20 puntos.

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