El TSJ de Galicia ratifica el cierre del almacén Celtifarma, foco de origen de la ‘Operación Noisa’

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21 jul 2015 - 13:00 h
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El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado el cierre de tres años del almacén gallego Celtifarma que había decretado en 2013 la Consejería de Sanidad regional por cometer infracciones catalogadas como “muy grave” en la Ley de Ordenación Farmacéutica regional.

Cabe recordar que, aunque se trata de causas independientes, este almacén es considerado el foco de origen de las investigaciones de la Operación Noisa, por la cual la Guardia Civil destapó en noviembre de 2014 una trama familiar dedicada al comercio inverso de medicamentos con Galicia como punto de partida y por las que, en las diversas actuaciones posteriores, se detuvo a medio centenar de personas y se registraron decenas de almacenes y oficinas de farmacia en toda España, además de incautarse miles de medicamentos, en especial psicotrópicos, que eran sacados ilegalmente de España por vía marítima. Precisamente, el considerado ‘cabecilla’ de la trama Noisa, Carlos Iván L.L. es el propietario de Cetifarma, ubicado en Monforte de Lemos (Lugo).

Sobre Celtifarma pesa una sanción de cierre del establecimiento y suspensión de actividades desde septiembre de 2013, la cual ha sido ahora ratificada por el TSJ de Galicia al desestimar un recurso contencioso-administrativo de esta distribuidora contra la resolución de la Xunta de Galicia que recogía esta sanción. No obstante, sobre Celtifarma ya pesaba una suspensión provisional de funcionamiento desde diciembre de 2012. Tras esta ratificación, Celtifarma deberá permanecer cerrado hasta septiembre de 2016, todo ello al margen de lo que se dictamine en el resto de causas judiciales que pesan sobre la distribuidora.

Asimismo, en otra sentencia del propio TSJ de Galicia, que recoge el medio local digital diariodelemos.es se ratifica también la sanción de 85.000 euros impuesta por la Xunta de Galicia a los responsables de este almacén distribuidor por impedir “hasta en dos ocasiones” la actuación de los inspectores, y, en concreto, “por su negativa a entregar documentación y facilitar datos”. Carlos Iván L.L., así como otros miembros familiares todavía tienen pendiente el juicio por la Operación Noisa que asume el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, ya que muchos de los almacenes pantalla que utilizaba esta trama para las actividades ilícitas tenían su domicilio social en la capital de España.

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