El Fondo de Liquidez Autonómico reenvía a las comunidades la patata caliente de los recortes

Montoro asegura que las comunidades que se adhieran al mecanismo deberán acatar condiciones relativas “a la aplicación de los recursos”

El PP aprueba en solitario la reforma de la Ley de Estabilidad que obligará a retocar los planes de ajuste de las regiones que acudan al FLA

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14 sep 2012 - 19:00 h
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Pendientes de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, los proveedores españoles pendientes de pago tuvieron que ver cómo la problemática que arrastran ha quedado prácticamente ausente de un debate, el de la Ley de Estabilidad, que ha situado su eje en el futuro del Estado descentralizado. El Gobierno ha fracasado en su intento de que las comunidades vean el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como un mecanismo habilitado para garantizar el pago de vencimientos inmediatos. La postura de los grupos de oposición, como la de muchas comunidades que esperaban a saber las condiciones del rescate antes de confirmar si se acogían al fondo, era la de votar a favor de un sí a la liquidez, pero sin condicionantes. En su lugar, ven en la nueva herramienta aprobada con los votos del PP una camisa de fuerza, un ataque al sistema de gobierno autonómico y local, cuyo único plan en la provisión de los servicios públicos es acabar con la descentralización. Toda la oposición da por seguros nuevos recortes en Sanidad.

Al iniciar su intervención, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, intentó ganarse el apoyo de la cámara asegurando que “las comunidades autónomas son una parte de la Administración central”, y aunque aseguró que en el Gobierno central “no hay más ánimos que no sea el de facilitar la operatividad” del FLA, las condiciones exigidas a las regiones que se adhieran a él son vistas en general como un “cheque en blanco” de difícil justificación, puesto que la ley deja abierta la puerta a que el Estado pueda imponer “medidas de ajuste extraordinario” u “otras condiciones” que se determinen, sin precisar ningún tipo de límite.

Minutos después, el propio Montoro confirmaba lo que en buena parte justificaba las cinco enmiendas de totalidad presentadas a la reforma de la Ley de Estabilidad, y que al tramitarse por la vía de urgencia y en única lectura se rechazaron junto con todas las enmiendas parciales: “Como no puede ser de otro modo, la adhesión supondrá para las comunidades autónomas condiciones en un doble sentido: comprometiendo el cumplimiento con los objetivos de déficit público, es decir, condiciones que faciliten la superación actual de no acceso a mercados mayoristas y a créditos bancarios, y decisiones relativas a la aplicación de esos recursos financieros que tomen del fondo”, señalaba el ministro.

De los recortes a la rebelión

La visión entre los grupos de la oposición es clara: las autonomías que decidan acudir al FLA no solamente pueden darse por intervenidas, sino que además están abocadas a practicar nuevos recortes en sus partidas fundamentales: Sanidad, Servicios Sociales y Educación. El portavoz de Economía socialista, Pedro Saura, recordó precisamente unas declaraciones lanzadas la semana pasada por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, y recogidas por Europa Press, en las que advertía que las comunidades que acudan al fondo deberán aportar planes para reducir el déficit y el gasto, con el fin de cumplir con la condicionalidad económica que ha establecido el Ejecutivo y que es “muy definida y exigente”. En la práctica, los nuevos recortes deberán plasmarse en los planes de ajuste que comunidades y ayuntamientos presentaron a Hacienda a cambio de poder acceder a las líneas de crédito del ICO para el pago a proveedores.

La previsible llegada de nuevos recortes en Sanidad da pie a la posible intervención de los ‘hombres de negro’ de Montoro, pues el debate de la Ley de Estabilidad también derivó en continuos ataques al actual sistema de financiación autonómico. Joan Baldoví, diputado de Compromís, da por seguro que la Comunidad Valenciana, históricamente infrafinanciada, será una candidata segura a las medidas coercitivas incluidas en la norma.

No es el único que lo piensa. Varios portavoces previenen por ello de otra posible rebelión autonómica, que mira como ejemplo lo ocurrido en Barcelona con motivo de la Diada, y que quedó patente en una frase del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Bosch: “Abróchense los cinturones, porque van a venir vueltas y tiempos movidos”.

Al principio de su comparecencia, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguraba que los 18.000 millones con los que estará dotado el Fondo estarían disponibles “a finales de septiembre o, como muy tarde, a principios de octubre”. Preguntado al respecto horas más tarde, durante la rueda de prensa en la que presentó la ejecución presupuestaria de las comunidades en el primer semestre, el ministro no pudo garantizar que esté a disposición de las autonomías el 2 de octubre, fecha para la que está convocada la Conferencia de Presidentes en el Senado.

Más allá de cuándo se pondrán en marcha, es su dotación la que plantea ciertos interrogantes. “Cataluña dice que necesita 5.000, Valencia 4.500, y entre las tres que han pedido ya suman más de la mitad del fondo”, alertó Álvaro Anchuelo, portavoz de UPyD en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Tras aprobarse la reforma, Murcia concretaba que pedirá al Fondo 641 millones en dos plazos, 278 a principios de octubre y 362 más a finales de año.

Tras la aprobación, hace tres meses, de la Ley de Estabilidad y la reforma del sector público en la que se enmarca la macro-operación financiera para hacer frente al pago a proveedores con adelantos de anticipos y créditos ICO, el FLA culmina los instrumentos habilitados para garantizar la solvencia de las comunidades. De ella depende, según Montoro, “la prestación de servicios públicos de los ciudadanos”.

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