Diciembre será el mes clave para las subastas andaluzas

Si el Constitucional avala la norma andaluza, en 2013 podrían convocarse nuevos concursos
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30 nov 2012 - 18:00 h
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La decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Gobierno central al Decreto Medidas Urgentes de Prestación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, que regula las subastas de medicamentos, se conocerá a lo largo del mes de diciembre. Ahora los jueces, que tienen el asunto sobre la mesa desde el 20 de julio, tendrán que decidir si prorrogan la suspensión del decreto mientras dirimen sobre el fondo del asunto o si, por el contrario, permiten a la Junta volver a activar el decreto recurrido hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad.

A este respecto, uno de los laboratorios que firmaron el convenio de las subastas en marzo, Aurobindo, confía en que la decisión sea positiva para la medida de la Junta de Andalucía. “Según nuestros servicios jurídicos, y atendiendo al comportamiento del Tribunal tras el primer recurso que se presentó, esperamos que se validen las subastas y puedan desarrollarse libremente”, comentó Gabriel Díaz, director general de la compañía de origen indio. Así, y según los calendarios que manejan los abogados de la compañía “la decisión podría retrasarse al 10 de enero por las vacaciones de agosto”.

Ante esta situación, se abren dos posibilidades. Si el Tribunal Constitucional mantuviese los argumentos que defendieron en su anterior auto, cuando el Gobierno recurrió la resolución que regulaba la convocatoria de concurso para las subasta, lo lógico sería que levantaran la suspensión. En ese caso, además de permitir el normal desarrollo del primer convenio impulsado a finales de marzo, daría autoridad legal para nuevas convocatorias.

Así, una de las consecuencias que se pueden adivinar es un efecto contagio a otras regiones si se confirma su capacidad de ahorro, como ya pasara con el euro por receta, adoptado recientemente en Madrid tras la experiencia de Cataluña. En este sentido, la pelota pasaría al último eslabón de la cadena sanitaria, las farmacias, que tendrían que dispensar los medicamentos adjudicados por el SAS a riesgo de que pudiera existir un fármaco homólogo que un precio más bajo, tal y como marca el RDL 16/2012. Por el contrario, si el tribunal encontrara una invasión de competencias de la Junta de Andalucía sobre la Administración central, la medida impulsada por su consejera, María Jesús Montero, quedaría invalidada y el único dictamen jurídico que pesaría sobre la dispensación de medicamentos lo marcaría el RDL 16/2012.

Durante estos casi cinco meses que han pasado desde la admisión a trámite del recurso del Gobierno, el convenio que firmaron los cuatro laboratorios que se presentaron se ha mantenido en vigor, aunque sin la efectividad necesaria. Las compañías han denunciado que no disponían del cien por cien del mercado, tal y como asegura el contrato firmado con el SAS, lo que le ha ocasionado pérdidas económicas, ya que el precio ofertado por los laboratorios sólo era rentable si disponían de toda la cuota de mercado andaluza.

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