A debate: La propuesta modificada de Directiva de Transparencia

1-¿Ve posible aprobarla? 2-¿Vulnera el principio de subsidiariedad? 3-¿Pone en riesgo los ahorros en Farmacia? 4-¿Cambiaría algo de la propuesta? 5-¿Ofrece ventajas una acción a escala en este campo?
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24 may 2013 - 15:00 h
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Ramón Ortiz, viceportavoz socialista de la Comisión Mixta de la UE

1- Es perfectamente posible y necesario. La normativa en vigor tiene más de 20 años y a lo largo de este tiempo han cambiado mucho las cosas en el mercado del medicamento. Esto reclama, como mínimo, una adaptación a las nuevas circunstancias.

2- No. Las modificaciones que se pretenden implementar solo establecen una serie de requisitos de naturaleza procedimental para garantizar la transparencia y la eficacia en los procedimientos de fijación de precios y reembolsos adoptadas por los estados.

3- No necesariamente. Las previsiones de la nueva directiva no afectan a las políticas nacionales de seguridad social, excepto en lo relativo a la transparencia de los procedimientos nacionales y a la necesaria eficacia de la normativa en materia de mercado interior.

4- Consideramos que con la nueva regulación ganamos en claridad y en seguridad jurídica, Además, las nuevas previsiones serán más asequibles en cuanto al cumplimiento de los plazos.

5- Establecer espacios comunes genera dificultades y ventajas, por ese orden. Debemos garantizar la libre competencia, en condiciones de igualdad y transparencia, que es bueno para las empresas, con el objetivo de favorecer los intereses del paciente, que es lo principal.

Rubén Moreno, portavoz popular de la Comisión Mixta de la UE

1- Todo es posible, pero es muy grave para la sostenibilidad del SNS, al privar al Gobierno de la posibilidad de articular mecanismos de evaluación adecuados a sus necesidades y a las capacidades financieras.

2- Sí, porque no pondera adecuadamente la garantía y el desarrollo del mercado interior (art. 26 Tratado de Funcionamiento de la UE), con la potestad de los estados de definir su política de salud, y organizar y prestar los servicios sanitarios y de atención médica (art. 168.7 TFUE).

3- Podría, porque desprovee a los estados de instrumentos esenciales en la definición de su política sanitaria, incluyendo, como en este caso, la potestad de incidir en los precios de los medicamentos y acordar qué productos farmacéuticos se integran en sus sistemas públicos de salud.

4- La propuesta mantiene figuras que imponen fuertes gravámenes a los estados en el ejercicio de sus competencias. El mejor ejemplo es el artículo 11, que restringe su capacidad para adoptar medidas de control o de fomento de la prescripción de medicamentos específicos.

5- Podría tener ventajas en el mercado interior, aunque no justifica por qué no puede lograrse este objetivo con un marco normativo más flexible. La interferencia en las políticas de fijación de precios de los medicamentos, y su inclusión en los sistemas públicos de salud es excesiva.

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