Las partes personadas en Convector también dan ‘carpetazo’ a la causa

La Operación Noisa sigue el mismo recorrido en la Justicia: la Audiencia Nacional asume ahora el caso
Herramientas
Madrid
|
10 feb 2017 - 12:00 h
|

Como ya informó EG, el reciente auto del juez de la Audiencia Nacional (AN) Fernando Andreu por el cual decretaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa de la Operación Convector —al no atisbar delitos penales en ninguna de las 86 personas imputadas por comercio inverso de medicamentos— apenas deja un par de resquicios para mantener abierto el procedimiento. Por un lado, que cualquiera de las partes personadas en la causa presentase un recurso de apelación contra el auto. Por otro, que dado ese carácter “provisional” del sobreseimiento, se aportasen en los próximos seis meses nuevas pruebas que dejasen entrever indicios de alguno de los tipos penales descartados por el magistrado: contra la salud pública, falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública, blanqueo y/o organización criminal.

Pues bien, ni una puerta ni la otra, lo que da ‘carpetazo’ final. Las partes personadas (como el Gobierno de Aragón y COF de Zaragoza) no habrían presentado recurso de apelación. “El auto está bien fundamentado a la hora de recordar la legislación vigente cuando se cometieron los hechos, guste o no”, expone a EG Ramón Jordan para justificar la decisión de no recurrir. “Esto confirma que la reforma del código penal —que actualmente ya sí tipifica como delito penal la exportación ilegal— era necesaria; al menos para sentar las bases en la lucha presente y futura contra estas prácticas”, apunta Jordán. El COF de Zaragoza sí retomará los expedientes disciplinarios abiertos contra sus colegiados implicados en esta trama y que tuvieron que quedar suspendidos al iniciarse la investigación penal. “Analizaremos si se ha quebrantado nuestro código deontológico y actuaremos en consecuencia”, avisa.

Según ha podido saber EG, la Aemps y el Grupo de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil tienen previsto reunirse para analizar este auto, así como otras recientes sentencias sobre comercio ilegal de medicamentos, a fin de afinar —si es el caso— la lucha contra estas prácticas y, en concreto, respecto a los procesos de instrucción.

Posible queja al CGPJ

Por su parte, una vez se ha puesto punto final a este procedimiento judicial —salvo novedades no previstas— sin la inculpación de delito alguno, los representantes legales de varios imputados en esta causa “estudian” emprender acciones en defensa de sus representados.

Desde el despacho a-Abogados, que ha representado a varios imputados de la zona de Andalucía, valoran la presentación de una queja al Consejo General del Poder Judicial por el supuesto “abuso de poder” y “extralimitación de actuaciones” del juez Jerónimo Cano, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que asumió en origen este proceso antes de inhibirse en favor de la AN. “Este juez debía saber que estas prácticas no eran susceptibles de delito contra la salud pública, sino faltas administrativas por las que al menos nuestros representados ya habían pagado”, manifiesta a EG Enrique Zambrano, miembro de este bufete.

Noisa: mismos pasos, ¿distinto final?

Casi coincidente con ‘Convector’ en el tiempo y modus operandi, se destapó otra red de comercio inverso: la Operación Noisa. Esta trama, de carácter más familiar, tenía como foco Galicia. Como ha sucedido con ‘Convector’, esta causa sigue el mismo recorrido en la Justicia. Recientemente, la Audiencia Nacional también ha aceptado asumir su instrucción (su juzgado de Instrucción número 2, cuyo titular es Ismael Moreno), tras la solicitud de inhibición del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid.

Fuentes conocedoras del proceso vaticinan a EG un final semejante respecto a la exculpación de los imputados de un posible delito contra la salud pública —dado que en esta causa también regirá la normativa antigua— pero sí ven más posibilidades de éxito respecto a los delitos económicos (contra la Hacienda Pública) puesto que en este caso sería más fácil demostrar el aumento de patrimonio que ha originado esta práctica para los imputados.

Twitter
Suplementos y Especiales