Empleo pide a la AN que estudie la “legitimidad plena” del nuevo convenio

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Madrid
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05 abr 2017 - 15:00 h
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A pesar de ser firmado en enero, el nuevo convenio colectivo de farmacias (XXV) para 2017-2019 seguirá sin ser ‘oficial’. La Dirección General de Empleo, entidad encargada de validar el texto antes de su publicación en el BOE, ha atendido la solicitud de CC.OO (que no participó en las negociaciones) y ha trasladado a la Audiencia Nacional una petición de oficio (con carácter de demanda) para que estudie si este acuerdo entre patronales y UGT tiene “legitimidad plena”.

El quid de la cuestión radica en la sentencia de la AN de noviembre que validó la mesa negociadora constituida por patronales y UGT pero que dejaba a salvo “las acciones pertinentes para demostrar la legitimidad plena”. Ahí entra en juego la Ley 36/2011 de Jurisdicción Social que refleja que dicha legitimidad pasa porque los firmantes de cada bando tengan mayoría absoluta en el cómputo global. En el caso de UGT (único sindicato firmante), que represente al menos al 51 por ciento de empleados de farmacias.

Así, la AN tendrá que volver a dirimir la representatividad de cada sindicato, para lo cual citará próximamente a las partes. Este nuevo embrollo no debe suponer contratiempos en el ámbito salarial “al menos en este 2017”, indican desde FEFE, dado que bien por lo que dictaba el nuevo texto o por la ultraactividad del anterior, los sueldos debían aumentarse un 2 por ciento.

Reacciones

Al margen de lo que dictamine la Sala de lo Social de la AN, desde UGT se defiende que sí ostenta la legitimidad plena al entender que, “ante el ocultismo de su representatividad” por parte de los restantes sindicatos, su representatividad sería “del cien por cien”, apuntan en un comunicado. Asimismo, este sindicato acusa a UTF, Fetrafa y CC.OO de “actuación irresponsable y con evidentes dosis de mala fe”.

Por su parte, CCOO considera que el convenio firmado por UGT y patronales “puede ser ilegal y así podría entenderlo también la Dirección General de Trabajo al decidir no publicarlo y enviarlo a la Audiencia Nacional”, ha indicado en una comunicado.

Mientras, desde FEFE se critica que el retraso en la publicación del XXV convenio colectivo se debe “a una confrontación entre sindicatos de clase y al exceso de celo de la Dirección General de Empleo”, de lo cual el bando empresarial “es completamente ajeno”, apuntan. Esta patronal nacional apunta que la sentencia del pasado mes de noviembre ya concluyó que dichos sindicatos se autoexcluyeron y actuaron de mala fe. Pese a ello, “el comportamiento doloso de UTF y CCOO continúa para bloquear cualquier acuerdo en el que ellos no sean la mayoría decisoria”, asegura esta empresarial. No obstante, mientras dura esta situación, recomienda a sus asociados incluir los aumentos pactados en las nóminas bajo la denominación “a cuenta de la aplicación efectiva del XXV Convenio”.

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