El “test de proporcionalidad”, nuevo temor liberalizador para la farmacia

El CGCOF, atento al devenir y efectos de la Estrategia de Mercado Único de la CE
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Madrid
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25 ago 2017 - 12:24 h
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Se dice que “donde hubo fuego, cenizas quedan”. Por ello, aunque parezca apagado el ‘fuego’ que provocaron los intentos pasados de desregularizar el modelo farmacéutico español (apagado por la justicia y la Comisión Europea, en este orden), la profesión sigue atenta a cualquier ‘viento’ que pudiera avivar la llama.

En este sentido, el último rescoldo a vigilar es la Estrategia para el Mercado Único en la que trabaja Bruselas. Una Estrategia que se articulará a través de un paquete de medidas entre las que figura una propuesta de Directiva para aplicar el conocido como “test de proporcionalidad” a las normativas de los estados miembro que regulan sus servicios profesionales. La aplicación de este test de proporcionalidad volvería a poner el foco sobre si está justificada la regulación de determinadas profesiones —a través de la intervención y el establecimiento de restricciones de acceso—, como ocurre en España y otros países continentales respecto a las sanitarias. O bien si, aún dentro de la regulación justificada, las restricciones son o no proporcionales a los objetivos que persigue.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo ya respaldó la potestad de los Estados de regular los modelos farmacéuticos y que la propia CE pareció apartar expresamente a la farmacia en la presentación en enero de esta Estrategia, el desarrollo de esta nueva normativa preocupa, y ocupa, a la farmacia española. Así lo confirmó el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, en su intervención en una jornada celebrada el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados, que reunió a diputados y profesionales. “Este futuro nuevo marco jurídico debe excluir a las profesiones sanitarias, si se quieren garantizar los derechos de los pacientes”, apuntó.

Trabajo con los eurodiputados

El presidente del CGCOF confirmó que, como en épocas pasadas en las que sobrevolaban los intentos liberalizadores sobre la farmacia mediterránea, ya se está trabajando “con los eurodiputados haciendo ver la naturaleza especial de las profesiones sanitarias, naturaleza que ya ha sido contemplada en la propia legislación europea en diferentes normativas”, apuntó Aguilar ante los diputados de la Cámara Baja, a los que pidió “apoyo” en esta nueva lucha. Un trabajo en el que el CGCOF está “yendo de la mano” con médicos y odontólogos, expuso.

“Los sistemas sanitarios regulados de Europa se encuentran en el ranking de los mejores del mundo, por la accesibilidad y calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos. Y esto es así gracias a que las profesiones sanitarias están altamente reguladas a nivel nacional”, defendió Aguilar para reclamar la “exclusión” de esta aún hipotética directiva sobre el “test de proporcionalidad”.

Al margen de los movimientos que están realizando entidades como el CGCOF, cabe recordar que la propia CE ya defendió las “restricciones justificadas” vigentes en determinadas profesiones cuando anunció el pasado mes de enero este nuevo paquete de medidas para mejorar la competitividad y generación de empleo en el Continente. En ese comunicado, las profesiones sanitarias eran señaladas expresamente como ejemplos en los que la regulación está “justificada”. Es más, se apuntaba como objetivos de las reformas (facilitar el acceso al ejercicio) a otras profesiones como “arquitectos, ingenieros, abogados y contables”, entre otros.

“En muchos de estos casos —expuso por entonces la CE— la existencia de normas obsoletas e innecesariamente gravosas puede dificultar más de lo razonable el acceso de candidatos cualificados a determinados empleos”. Este es, precisamente, el mismo argumento que utilizaba este organismo cuando puso el foco liberalizador en la farmacia en años pasados.

Ahora bien, lejos de confiarse, la farmacia española prefiere trabajar para disipar cualquier posibilidad de reavivar el ‘fuego’. En este sentido, la amenaza vendría canalizada por las dudas sobre si la regulación, aunque justificada y avalada, estaría siendo quizá excesiva y podría incluir nuevos elementos en aras de una mayor flexibilidad en el acceso al ejercicio, lo cual pretendería medir este test de proporcionalidad.

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