El sector de oficina de farmacia cierra filas frente a la centralización de la AF a residencias

La Consejería valenciana abre una puerta a la participación de la botica de cara a la “continuidad asistencial” en su nuevo plan
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Valencia
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12 abr 2017 - 11:00 h
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La progresiva tendencia de las comunidades autónomas en ir más allá de lo estipulado en el RDL 16/2012 y limitar la participación de las farmacias en la prestación a residencias —y que tiene en el nuevo modelo ideado en la Comunidad Valenciana de cara a 2018 su último y más gravoso ejemplo— ha provocado que el sector de oficinas de farmacia cierre filas en la defensa de la importancia de estos establecimientos en la atención a estos centros. Una defensa que si bien se hace por separado, si confluye en los argumentos esgrimidos.

En los últimos días, entidades como la patronal farmacéutica nacional FEFE y la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) han emitido respectivos pronunciamientos públicos poniendo en valor la eficacia y eficiencia de la oficina de farmacia en este servicio frente a los modelos que apuestan por el hospitalocentrismo —como lo califica Sefac— y en los cuales estaría primando lo económico frente a lo asistencial.

Por ejemplo, desde Sefac se considera que estos modelos “obligan a los pacientes a estar atendidos desde lugares lejanos y con un ratio paciente/farmacéutico muy inferior al actual”. Por ello, la sociedad que preside Jesús C. Gómez considera “sorprendente” que no se cuente con la colaboración de los farmacéuticos comunitarios en dicha prestación “y se prefiera crear una infraestructura nueva en lugar de potenciar y aprovechar la ya existente con la red de farmacias”, expone.

La opinión manifestada por esta sociedad es que “el farmacéutico comunitario, en colaboración con los servicios de FH, es el profesional que mejor puede satisfacer las necesidades farmacoterapéuticas de estos paciente”. ¿Los credenciales? “Su experiencia en el seguimiento y adherencia terapéutica, ubicación y proximidad al paciente”, dicen.

FEFE, vigilante

Asimismo, junto a la Comunidad Valenciana, las intenciones semejantes —más o menos formalizadas— en regiones como Aragón, Navarra y País Vasco han llevado a FEFE a anunciar la creación de una Comisión que pondrá el foco en el estudio de estas iniciativas a la par que pruebe la “eficiencia y calidad” del servicio prestado actualmente por las farmacias a las residencias de estas regiones.

Según reclama FEFE, en el servicio a estos centros debe primar un modelo “que respete la autonomía y libertad de las personas ingresadas en ellos”. Por eso, medidas como las adoptadas por la Comunidad Valenciana por la cual sería un único servicio de FH (La Fe) quien asumiese el abastecimiento en exclusiva a todas las residencias regionales “chocan frontalmente con la legislación estatal y con los derechos de los pacientes y responden a economías planificadas impropias del entorno europeo en que se encuentra nuestro país”, critican.

Respecto a las consecuencias para las boticas “supone mermar sus ingresos y abocar al incremento de farmacias subvencionadas y al cierre de establecimientos”, se apunta desde la empresarial. Frente a estas decisiones, FEFE plantea explorar las posibilidades del dispositivo asistencial de las boticas como prestadora de este servicio, teniendo en cuenta aspectos como la satisfacción de los pacientes “y no solo el coste”, las necesidades “no solo de medicamentos financiados sino de otra tipología de servicios relacionados con estos pacientes que puede proporcionar la botica”.

Valencia, ¿abierta al cambio?

Mientras, en la Comunidad Valenciana, y en el marco de una nueva reunión mantenida el 6 de abril con los colegios, la Consejería de Salud ha dejado una puerta abierta a estudiar fórmulas para la participación de las farmacias —desde un punto de vista colaborativo— en el nuevo modelo que prevé implantar en 2018. Dicha postura parece más aperturista que la asumida hasta ahora y que conllevó a la preparación y anuncio de este modelo “a espaldas” de los COF, tal como denunciaron, así como su ratificación en los mismos términos originales en una primera reunión el 27 marzo.

Quién sabe si la también oposición a este plan de asociaciones de pacientes y centros afectados ha provocado este cambio de actitud. Sea como fuere, la directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, se ha comprometido a enviar a los colegios un estudio sobre el impacto económico del plan con pacientes estratificados, a fin de que los colegios pudieran hacer sus aportaciones tomando como referencia el mismo y cómo se podría articular la participación de la botica en el marco de la “continuidad asistencial” y no como suministradores (parece inamovible la decisión de centralizar en La Fe).

Desde los colegios ven “difícil” que la farmacia “tenga encaje”. No solo por lo desarrollado que está y sus patentes objetivos económicos, sino por plazos. “La idea es lanzarlo en 2018 y articularlo en la Ley de Acompañamiento, lo que implica que en mayo ya se debería disponer de un texto, y en octubre de su redacción final y tramitación. Eso supone ir muy justos para encajar a la farmacia, pero lo intentaremos”, apunta Agustín Martínez, vicepresidente del COF de Alicante.

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