Dos años de Convector y Noisa: la vida para sus imputados sigue ‘igual’

Con sus causas en instrucción, algunos almacenes ‘pantalla’ siguen en el sector con nuevo nombre y autorización
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Madrid
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07 oct 2016 - 13:00 h
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“Va para largo; es una instrucción larguísima”. Son las escasas palabras, pero elocuentes, que salen del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid que asume la causa de la Operación Noisa por la cual la Guardia Civil detuvo a 49 personas —entre ellas doce farmacéuticos— por su relación con una trama de exportación ilegal de medicamentos con foco en Galicia. Apenas a 5 kilómetros, en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional siguen incorporándose tomos al sumario de la Operación Convector —con 80 imputados por el mismo motivo—. Una instrucción también larga. Al ser “causa compleja”, el por entonces fiscal, Juan Antonio García Jabaloy, solicitó en febrero prorrogarla hasta junio de 2017.

Este octubre se cumplen dos años de estas macrooperaciones que salpicaron al sector farmacéutico nacional. Dos tramas coincidentes en tiempo y modus operandi: desviar medicamentos del canal legal para su venta al extranjero, bien Europa o África, a precios superiores. Más allá del largo camino que tienen estas causas, se sabe que los imputados podrían ser acusados de hasta cinco delitos: contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y contra la Salud Pública.

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Las tramas de Convector y Noisa, aunque independientes, coincidieron en tiempo y modus operandi: sacar fármacos del canal legal para su venta en el extranjero.

Este último es el más difícil de probar: “Los juzgados no comprenden que las prácticas ilícitas relacionadas con los medicamentos puedan ser constitutivas de delitos contra la salud pública, al ser precisamente productos concebidos para favorecer la salud”, ejemplifica a EG Javier Molinera, miembro del Cuerpo Nacional de Policía. La reforma del Código Penal de 2015 permite ya imputar penas de prisión al tráfico ilícito de fármacos, frente a las hasta ahora meras sanciones administrativas. No obstante, los imputados de Convector y Noisa serán juzgados a tenor de la legislación anterior, al no ser retroactiva.

A expensas de que la Justicia aclare su futuro, sí se conoce su presente, el cual pasa en la práctica totalidad de casos por el mantenimiento en sus ejercicios o cargos desde los que habrían cometido estos fraudes. EG ha querido hacer un repaso del escenario actual. La (su) vida sigue ‘igual’, que cantaría aquel.

Mismas short liners, nuevos nombres

Respecto a la Operación Convector, las cerca de 200 farmacias señaladas en las investigaciones, repartidas por toda la geografía nacional, siguen abiertas al público y con los mismos titulares al frente. Desde las ubicadas en poblaciones rurales de Aragón que dieron inicio al cúmulo de detenciones, como las ubicadas en Sevilla con las que se cerró cinco meses después el círculo. Igual ocurre con las decenas de short liners que, como almacenes ‘pantalla’, actuaban como nexo en la compraventa de los medicamentos que finalmente se exportaban.

El imputado Arturo López Cerdá, administrador único de la extinta entidad Mateprix —señalada en el sumario como uno de los principales almacenes pantalla que usaba la trama — constituyó en 2015 Gerocan Farma, con autorización de la Aemps.

Algunos continúan operando en el sector con la misma denominación y, en otros, como ha podido comprobar EG, han sido renombrados y recibido nuevas autorizaciones por la Aemps con posterioridad a que se destapase este caso. Así ocurre con Arturo Alfredo López Cerdá, gerente del extinto almacén granadino Mateprix, señalado por la Guardia Civil como una de las principales short liners que canalizaban buena parte de las operaciones de la trama —como así lo demuestran la documentación y conversaciones intervenidas—. Por ello fue detenido e imputado. Mateprix ya no figura en el catálogo de entidades de distribución de la Aemps, al igual que tampoco hay rastro en él de otras short liners aludidas en el sumario como Sayeg, Muroth (ambas también en Granada), y la almeriense Juelpharma.

Gerocan Farma, ¿la antigua Mateprix?

En ese catálogo de la Aemps sí aparece ahora una nueva entidad, Gerocan Farma, cuyo socio y administrador único es precisamente López Cerdá y cuyo domicilio social en Peligros (Granada) es el mismo que figuraba respecto a la extinta Mateprix. Asimismo, el Boletin Oficial del Registro Mercantil (Borme) recoge en su edición de 23 de septiembre de 2015 el “comienzo de operaciones” de esta nueva entidad dedicada al “comercio al por mayor de medicamentos” autorizada por la Aemps. Para más inri, más recientemente el Borme (21 de septiembre de 2016) recogía la resolución de un juzgado de lo social de Granada que declaraba a Mateprix en situación de “insolvencia parcial”.

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Daniel (nombre ficticio), imputado y gerente de short liner implicada: “tenemos que recuperar la confianza del cliente, y eso es imposible con el anterior nombre”

Desde la patronal de mayoristas de gama completa (Fedifar) descartan pronunciarse sobre casos concretos que “desconocen”. En una valoración global reafirman que “siempre hemos pedido la implantación de medidas que refuercen los sistemas de control: revisión de los procedimientos de concesión de autorizaciones, refuerzo de medidas de inspección...”. Eso sí, “corresponde a la Aemps determinar qué actividad llevan a cabo las empresas que aparecen en su catálogo y vigilar su actividad”, dicen.

Esta suerte de ‘lavado de cara’ no es exclusiva al anterior caso. EG_ha contactado con Daniel (nombre ficticio), gerente de otros de los almacenes aludidos en el sumario, detenido e imputado en la causa. Si bien la entidad que gestiona nunca ha salido del catálogo de la Aemps, reconoce a EG que se encuentra en trámites para designar un nuevo nombre comercial y sin constatar “controles o celos adicionales” por la Aemps. “Tenemos que recuperar la confianza del cliente, y eso es imposible con el anterior nombre”. Asegura disponer de auditorías que indican una reducción del 80 por ciento de ventas desde que su nombre trascendió en los medios.

Aparente normalidad

Daniel defiende su inocencia, no sin reconocer que “es evidente que hemos tenido relaciones comerciales entre nosotros”. “En nuestro caso, solo actuábamos como vendedores. Si ese tercero me presenta una licencia yo puedo establecer una relación comercial. Luego, las actuaciones que haga él o si manda medicamentos a Angola (sic) ni puedo comprobarlo ni es mi responsabilidad”, excusa. Otro de los imputados con los que ha contactado EG —que coincide con Daniel en que no figure su nombre y sentirse inocente— asegura que “todo es mentira” y cree que si se ha ampliado el plazo de instrucción no es por la complejidad de la causa y sí “porque no encuentran pruebas”. También viene ejerciendo en estos dos años “con normalidad”.

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Una de las boticas ligadas a Noisa ya fue multada años antes de esta operación con 600.000 euros por la misma práctica (comercio inverso).

Excepto en los días que estuvieron precintadas, también han seguido abiertas al público con aparente normalidad las boticas ligadas a Noisa. Una de ellas, en Marin (Pontevedra), acaba de salir de una situación concursal en la que entró en octubre de 2015 para responder ante sus numerosas deudas. Entre ellas, una multa de 600.000 euros por comercio inverso (caso Celtifarma) anterior a reincidir presuntamente en la Noisa. “Ya hace vida normal”, dice Ricardo Garrido, el administrador concursal. Vida normal... Hasta que la Justicia no diga (sine die) lo contrario. Entonces, ¿otro concurso de acreedores? Ya se sabe, hecha la ley...

CRONOLOGÍA

Mayo de 2014. La Guardia Civil detiene a la farmacéutica de Palomar de Arroyos (Teruel) por su presunta implicación en una trama de venta paralela y exportación ilegal de medicamentos, dándo inicio a la denominada Operación Pharmakon por la cual se suceden nuevas detenciones en los meses posteriores, casi todas ellas en farmacias rurales de Aragón. La Operación Pharmakon es considerada el germen de la posterior Operación Convector.

Octubre de 2014. Tal como había adelantado EG, el Instituto Armado hace pública una nueva operación nacional (Convector) contra el comercio inverso de medicamentos. Las primeras actuaciones se saldan con 28 registros en farmacias, almacenes de distribución de medicamentos y domicilios de Zaragoza, Teruel, Barcelona, Granada, Málaga y Valencia, así como la detención de 30 integrantes de la trama.

Noviembre de 2014. Casi sin solución de continuidad —aunque independiente a Convector— se destapa la Operación Noisa. Con foco de origen en Galicia y un entramado de carácter más familiar (aunque de gran alcance), se registran y clausuran dos farmacias gallegas y dos almacenes distribuidores. El principal ‘cerebro’ de esta trama, Carlos Iván López, ya venía siendo investigado desde 2009 por estas mismas prácticas (caso Celtifarma). Esta red usaba un entramado de 40 empresas pantalla, entre ellas una decena de short liners desconocidas para el sector: Farmatrust; Lacomofarma; Gerifarma; Distribuciones Farmacéuticas DM111; Unión de Farmacéuticos de Barcelona; Unión de Farmacéuticos de Madrid; Farmacéuticos Reunidos...

Diciembre de 2014. EG accede a un informe de la Aemps que presentará a las CC.AA en un próximo Consejo Interterritorial en el que alerta que “las recientes operaciones (policiales) que han tenido eco en la prensa han motivado inquietud en los operadores europeos”. En concreto, “ahora dudan de cualquier operación de comercio paralelo cuyo origen sea España”, resalta el documento.

Enero de 2015. En una nueva fase de la Noisa se detienen a otras 38 personas y se incautan grandes cantidades de fármacos, como 1.200 envases de psicotrópicos. EG publica en exclusiva el modus operandi de esta trama: aprovechar sus contratos como proveedores del material sanitario de flotas pesqueras para sacar los medicamentos de España por vía marítima camuflados en los botiquines de dichos buques.

Febrero de 2015. Una nueva fase de detenciones de la Operación Convector toca de pleno a farmacias y short liners de Andalucía. Ya son más de 80 imputados en la instrucción, con cerca de 200 boticas y una decena de almacenes nacionales implicados.

Marzo de 2015. Tras su publicación en el BOE, entra en vigor la reforma del Código Penal, que adapta lo estipulado en el Convenio Medicrime. Ahora, el tráfico ilícito de medicamentos puede acarrear penas de hasta 4 años de prisión . La reforma no tiene carácter retroactivo y los imputados de estas causas serían juzgados a tenor del marco legislativo anterior.

Marzo de 2015. Dada su magnitud y alcance geográfico, la causa de la Convetor, asumida hasta ahora por un juzgado de Teruel, pasa a la Audiencia Nacional. Mientras, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid hace lo propio con la Noisa.

Febrero de 2016. Dada la complejidad de la instrucción, el por entonces fiscal de la causa Convector, Juan Antonio García-Jabaloy (ahora desligado del caso al fichar por DLA Piper), solicita la ampliación de esta fase de instrucción por doce meses adicionales al plazo máximo. En concreto, hasta junio de 2017.

Octubre de 2016. Se cumple el segundo aniversario de estas operaciones. El escenario actual pasa por causas judiciales aún en fase de instrucción, con todas las farmacias implicadas abiertas al público, así como las short liners que ejercían como almacenes ‘pantalla’ en funcionamiento (algunos con nuevo nombre). Eso sí, el nuevo código penal recoge ahora penas de prisión.

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