Apenas un tercio de las farmacias andaluzas podrán optar a prestar servicio a residencias

El requisito de estar acreditadas en SPD que fija el SAS propicia una criba que deja fuera de la ‘carrera’ a la mayor parte de la red
Sevilla
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02 sep 2016 - 14:00 h
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La resolución publicada el 4 de agosto por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la cual expone los criterios para la selección de boticas que presten servicio a residencias de menos de 50 camas ha provocado una importante criba de salida. A día de hoy, aproximadamente solo un tercio de la red de boticas andaluzas queda automáticamente fuera de esta ‘carrera’. ¿El motivo? La obligatoriedad que establece la citada resolución de que las farmacias aspirantes a la prestación “dispongan de acreditación en procedimiento normalizado de trabajo sobre sistemas personalizados de dosificación (SPD) emitido por entidades corporativas o académicas”.

En Andalucía, según datos facilitados a EG —que prevén actualizar próximamente— el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos tiene acreditadas (previa formación) a cerca de 1.500 establecimientos para la elaboración de SPD, lo que supone apenas un 36 por ciento de la red regional formada por casi 3.900 boticas. Por provincias, serían Almeria y Huelva las que más farmacias tienen acreditadas para prestar este servicio (un 57 y 54 por ciento, respectivamente), mientras que todas las restantes presentan niveles inferiores al 40 por ciento de su red (ver mapa).

Este requisito indispensable vuelve a sacar a la palestra un viejo debate que divide a la profesión farmacéutica. ¿Es necesaria la formación y acreditación adicional del farmacéutico para prestar servicios como el SPD? ¿O la propia titulación y los conocimientos adquiridos ya le capacita para ello? Los colegios farmacéuticos y sociedades científicas como Sefac se posicionan en la primera premisa en aras de una prestación del servicio homégenea y con estándares de calidad, mientras que las empresariales portarían la bandera de la segunda. Precisamente, la patronal farmacéutica andaluza (Ceofa) tiene intención de recurrir la resolución del SAS por estimar “innecesaria y excluyente” esta acreditación en SPD para optar a las concesiones. “La última modificación de la Ley de Garantías ya obliga y faculta al farmacéutico a hacer SPD cuando se lo pida el paciente”, justifica a EG Leopoldo González, secretario de Ceofa.

Esta oposición del ámbito patronal no es nueva, como tampoco acudir a los tribunales. Cabe recordar que la empresarial nacional FEFE presentó recurso en 2015 contra el decreto que en Aragón regula este servicio y que, como en el caso de Andalucía, obliga a una formación adicional al farmacéutico para preparar SPD (cuya certificación también emiten los colegios aragoneses). “Es un criterio discriminatorio; no necesitamos que nadie nos acredite para colocar medicamentos industrializados en compartimentos”, reitera su presidente, José Luis Rodríguez Dacal.

Facilitar la acreditación

Entre los extremos hay posiciones intermedias. Javier Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural y titular en El Madroño (Sevilla) opina que “entiendo que cualquier servicio ha de estar protocolizado y obligar a acreditarse no me parecería mal siempre que no aparejase ningún coste o se habilitasen mecanismos que eximieran a las farmacias económicamente más débiles”. Guerrero recuerda que el proceso de acreditaciones “moverá una cuantía económica por cuyo control ya se pelean diferentes actores, incluida la Administración”.

Sobre esta exención para farmacias VEC ya luchó Sefar en Comunidad Valenciana, con resultados. Uno de los puntos de su Comité de Asistencia Farmacéutica (que integra a la Administración y al sector) recoge que “en todo momento se velará desde el Comité para que las condiciones económicas de una farmacia no constituyan un impedimento para la puesta en marcha de cualquier servicio que se determine, instaurando mecanismos solidarios que compensen sus limitaciones económicas”.

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