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Director de
El Global

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07 dic 2017 - 15:13 h
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<p>Farmacias electorales</p>

Tener una oficina de farmacia cerca de casa, tranquiliza. Saber que tenemos a ‘tiro de piedra’ a un profesional sanitario es siempre una ayuda, de ahí que a muchos alcaldes les haya dado por incluir como promesa electoral la posibilidad de contar con una farmacia en su población independientemente de su número de habitantes, situación o cualquier otra consideración. Básicamente, lo que se busca es generar esa tranquilidad a costa de esclavizar a un profesional farmacéutico con las guardias y obligarlo a tener un establecimiento claramente inviable económicamente. La esclavitud, como bien decía Cecilio Venegas en la entrevista que realizamos en el último Cruce de Caminos, que la esclavitud en España se acabó en el siglo XIX. Pero este tipo de situaciones que han pasado, y mucho, y que siguen pasando, en menor medida, no es sino una condena para la farmacia. En un tiempo en el que prácticamente todo el mundo coincide en la necesidad de racionalizar las aperturas de farmacia, incidiendo en que no vale todo, resulta ridículo abrir boticas en base a intereses que nada tienen que ver con la utilidad, el servicio público o el mínimo atisbo de sentido común.

Es totalmente entendible que un pueblo de 400 habitantes quiera contar una farmacia, un centro de salud o un parque de atracciones, por ilustrar lo disparatado del tema. Pero es necesario entender también que existen fórmulas para evitar que una promesa electoral acabe condenando a la inviabilidad económica a una farmacia. Los botiquines, como bien ilustramos en este número de EG son medidas prácticamente tan tranquilizadoras como la de tener una farmacia. Se racionaliza la prestación farmacéutica, nadie está desatendido y se cubren las necesidades de los pacientes en consonancia con la asistencia médica en Atención Primaria. Es vital entender que las cosas cambian.

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