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Presidente Editor de EG
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17 feb 2017 - 13:00 h
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<p>El sector sanitario, obligado a demostrar beneficios económicos</p>

Es un hecho que los economistas de la salud se han convertido, en los últimos años, en expertos fundamentales a la hora de analizar los problemas de la sanidad española. No hay grupo de trabajo ministerial, consejo asesor o subcomisión que se precie que no cuente con alguno de nuestros mejores experto. Se trata de una docena de economistas de la salud, flanqueados por muchos otros, cuya experiencia y sentido común es clave en tiempos difíciles. Son las personas que ponen números a las decisiones, realizan escenarios futuros con los datos actuales y aclaran el impacto de determinados modelos de prestación o de asistencia sanitaria. Su capacidad de abstraerse de la ideología les hace más objetivos y menos dogmáticos.

En esta semana, precisamente, asistimos a diversas demostraciones de que el sector no sólo debe hacer las cosas bien, sino que debe hacerlas consiguiendo ahorros. Es como si la concesión de una obra pública para hacer un puente que una dos orillas de un río, debiera ir acompañada de una memoria que indicara el impacto económico en el tráfico de personas y mercancía de ambas laderas. Un estudio que debería hacer el constructor de la obra. Afortunadamente, tenemos un economista en nuestras vidas que puede comenzar a poner números y sentido común. Y en eso está el sector.

Paco Igea, diputado y portavoz de C’s, en su entrevista de este número con EG, destaca que el acceso a la innovación requiere de un sistema de precio por valor o de riesgo compartido. Igea está dispuesto a reconocer que una innovación tenga un precio mayor, pero también que hay que ponerle un valor a prolongar la vida 3 meses que proporciona un nuevo antineoplásico.

Los farmacéuticos han estimado el impacto económico de los servicios de seguimiento farmacoterapéutico (SFT) en el sistema nacional de salud. El programa ConSIGUE ha analizado durante 2 años el impacto de la implantación del SFT en 126 farmacias, una muestra suficiente para sacar conclusiones. En una segunda fase se ha estudiado la efectividad de la implantación, que ha alcanzado el 90% de las mismas. Los beneficios observados se han traducido a dinero: más de 2.200 millones de euros. Estos ahorros incluyen: medicamentos evitados, visitas a urgencias evitadas, e ingresos hospitalarios evitados. El mensaje está claro: implantar SFT en las farmacias proporcionaría ahorros muy relevantes a la Sanidad española.

En definitiva, la decisión de priorizar unos asuntos sobre otros es una decisión política, y el coste asociado la influye de forma notoria. En ocasiones, reprochamos que España se sitúe a la cola de Europa en algunas cuestiones de inversión sanitaria, científica o asistencial, pero cuando vamos a la cabeza, también llueven críticas de la oposición. Lo hemos visto recientemente: críticas por situarse por detrás de países de nuestro entorno en el porcentaje de sanidad aplicado al PIB, y críticas por ser el país de la UE con mayor cobertura de pacientes tratados de la infección por el virus de la hepatitis C.

En una legislatura de diálogo obligado y con la disposición al mismo de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sería un objetivo decidir prioridades...y que hablen los economistas.

El sector sanitario no sólo debe hacer las cosas bien, sino que debe producir ahorros

Seguiremos la pista...

El CGCOF le pone cifra al ahorro implantando SFT: 300 millones sólo en medicamentos evitados.

Paco Igea (C’s) cree que los biosimilares tienen un mayor sentido en pacientes naive.

El Jueves 23 la comisión de Sanidad debatirá sobre la tributación de las actividades de formación de los médicos.

Juan Ignacio Güenechea, candidato a presidir Cofares, cree que es hora de abrir el debate sobre la remuneración de la distribución.

¿En cuántos años colapsará un sistema de distribución que se base en el margen de medicamentos de bajo coste?

La patronal americana de genéricos se cambia el nombre a “Asociación de Medicamentos Accesibles” y sigue la estela de Europa.

Los medicamentos huérfanos piden dotar de un presupuesto a las CC.AA.

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